Diario Médico. El ‘caso i-Dental’ saca los colores a regulaciones del sector.

Sanidad está reformando el Real Decreto de Publicidad Sanitaria y los odontólogos piden que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales y se amplíe la cartera de servicios.

Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, confirmó estos contactos el 9 de octubre en el Pleno del Senado. Carcedo respondió a una pregunta de la coalición política Podemos sobre las medidas previstas por el Gobierno para atender a los afectados por el cierre de las clínicas de i-Dental. Carcedo reconoció la dimensión del problema: “Esto ha sido una estafa a gran escala, consecuencia de haber convertido la sanidad en un negocio, en un negocio extractivo que es lo que pretendían estas clínicas”. Y luego ordenó los niveles de actuación: “Debemos, en primer lugar, evitar la publicidad engañosa que lleve a equívocos y capte para uso fraudulento a pacientes. En eso estamos trabajando”.

También aclaró que: “Desde el punto de vista sanitario, la competencia es de las comunidades autónomas, pero nos hemos puesto en contacto con el Consejo General de Odontólogos para que coordine acuerdos en los colegios profesionales de las comunidades autónomas para establecer relaciones bilaterales que permitan diagnosticar el alcance de las lesiones y atender a los pacientes”.

Desde el Ministerio de Sanidad han confirmado que están trabajando en reformar el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción Comercial de Productos, Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria, para “establecer límites y prohibiciones”.

Alberto Cañizares, abogado del Despacho Cañizares Abogados de Alicante, que lleva pleitos de la Plataforma de Afectados de i-Dental, reconoce que la publicidad engañosa ha llamado la atención de otros países europeos, porque esto es impensable que ocurra en Italia o Francia con regulaciones más estrictas en este campo.

Pero no es solo ese decreto el que habría que revisar. A juicio de Castro, la aparición de este tipo de clínicas está amparada en que “no se cumple con la Ley de Sociedades Profesionales, que obliga a que la propiedad de estas firmas sanitarias esté en un 51 por ciento en manos de los profesionales sanitarios”. Sin esa titularidad, apunta que “su actuación se encuentra fuera del control de los colegios profesionales”. Por otro lado, el odontólogo reconoce la necesidad de “ampliar la cartera de servicios para incluir los tratamientos de odontología a los más desfavorecidos, niños, mayores y discapacitados”. Porque “el perfil del paciente defraudado por esta cadena es de clase media baja, que podía pagar unos 100 euros al mes, pero que ahora se ha quedado sin boca y sin dinero”.

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